La siguiente redacción no surge desde una postura profesional en salud mental, pues no soy psicóloga ni psiquiatra, ni desde una lógica político-partidaria. Nace, más bien, desde un lugar mucho más amplio y legítimo: el de una ciudadana común, informada, comprometida y profundamente preocupada con una problemática que no deja de crecer en Uruguay y que nos interpela como sociedad en su conjunto: el suicidio y el deterioro sostenido de la salud mental, tanto individual como colectiva.
La crisis emocional que atraviesa el país no es patrimonio exclusivo de especialistas, funcionarios o decisores políticos. Es una realidad cotidiana que atraviesa familias, barrios, centros educativos y lugares de trabajo, y cuyos efectos se expresan en cifras alarmantes, pero también en sufrimiento silencioso, aislamiento, violencia y desesperanza. Por eso, reducir el debate únicamente al ámbito técnico o ideológico no solo es insuficiente, sino que limita la posibilidad de encontrar soluciones reales y sostenidas en el tiempo.
Desde esta mirada ciudadana —pero apoyada en evidencia, datos y análisis racional— el objetivo de este análisis es abrir una discusión honesta sobre el vínculo entre el modelo de políticas públicas vigentes, el rol del Estado y los resultados concretos que estamos obteniendo en materia de salud mental. No para señalar culpables, sino para cuestionar dogmas, revisar supuestos naturalizados y pensar caminos alternativos que devuelvan protagonismo a la comunidad, a la responsabilidad individual y a las redes sociales genuinas.
El suicidio no es un fenómeno inevitable ni una estadística abstracta. Es una tragedia prevenible que exige reflexión colectiva, coraje intelectual y la voluntad de repensar qué estamos haciendo —y qué no— como sociedad. Solo desde un compromiso compartido, que trascienda profesiones, partidos y slogans, podremos empezar a revertir una realidad que hoy nos duele y nos interpela a todos.
Uruguay y el suicidio: una realidad persistente
Uruguay se sitúa desde hace años entre los países con las tasas de suicidio más altas de América Latina, con cifras que superan sustancialmente el promedio regional. En 2023 se registraron 754 suicidios, con una tasa de 21,1 por cada 100.000 habitantes; en 2024 se reportaron 764 muertes por suicidio con tasas particularmente elevadas en los jóvenes de 20–24 años y en los adultos mayores (80+) —estructuras demográficas vulnerables—.
Estas cifras no son solo estadísticas frías, sino un indicador de fracaso social y administrativo del Estado en responder eficazmente a las condiciones que generan sufrimiento profundo en su población.
Lo que revelan los datos
A partir de la evidencia disponible, emergen algunos patrones claros:
1. Persistencia de tasas altas, aun con políticas públicas expansivas.
2. Sobrerrepresentación masculina. Aproximadamente el 75–76% de quienes se suicidan son hombres, reflejo de fallas sociales y culturales no abordadas, especialmente en el acceso a redes de apoyo y expresión emocional.
3. Intentos de suicidio en aumento. Los intentos de autoeliminación también crecieron, con una tasa de 161,74 por 100.000 habitantes en 2024, concentrándose en adolescentes y jóvenes.
La dimensión social del suicidio
El suicidio no es un evento aislado ni exclusivamente médico. Factores como la soledad, el estrés crónico, la precariedad económica, la ruptura de vínculos comunitarios y la pérdida de sentido colectivo están íntimamente ligados al diseño y ejecución de las políticas públicas.
Mala administración del Estado y sus efectos
Modelos uniformes, soluciones únicas. Uruguay ha priorizado enfoques centralizados que no se ajustan a realidades locales, lo que reduce el impacto donde más se necesita.
Falta de adaptación generacional. Los jóvenes enfrentan presión económica, incertidumbre laboral y estructuras rígidas que dificultan la autonomía real.
Sobreburocratización y medicalización. Se tiende a medicalizar el sufrimiento sin abordar determinantes sociales profundos, generando respuestas reactivas y poco preventivas.
Inconsistencia y fragmentación. La falta de continuidad en las políticas impide resultados duraderos.
Conclusión
La evidencia no deja dudas: el suicidio en Uruguay es un fenómeno multicausal con una dimensión política ineludible. No es suficiente más Estado si no es un Estado mejor administrado, descentralizado, preventivo y orientado a fortalecer autonomía, redes comunitarias y oportunidades reales.
Porque cuando el Estado falla en estructurar condiciones que favorezcan el desarrollo integral, el resultado es sufrimiento, desesperanza y muertes evitables.
Lic. Fabiana Paula