EL CAMINO AL INFIERNO ESTÁ EMPEDRADO DE BUENAS INTENCIONES.
En febrero de este año en una nota en el blog de la Libertad Avanza (“CENSURA!!! NACE LA NUEVA GESTAPO DIGITAL”) advertía de la realidad en la que se encaminaba España y Europa en cuanto a la regulación de redes sociales y sus fines espurios, poniendo a la seguridad de los niños y adolescentes como un caballo de Troya; tal y como lo vaticiné, lamentablemente ya está aquí.
La protección de los menores es una causa legítima y válida, pero terminara por convertirse como lo veremos desarrollado en este la ensayo político, en el argumento perfecto para expandir el poder del Estado, por sobre toda la sociedad. Bajo la premisa y promesa de cuidar a niños y adolescentes, se impulsan mecanismos gubernamentales como la verificación obligatoria de edad, la identificación digital y una mayor supervisión del contenido, creando una infraestructura de vigilancia que termina afectando la libertad de todos los adultos en el camino.
El riesgo por tanto, es que una medida presentada como protección infantil se transforme en un caballo de Troya para así normalizar el control del discurso público, que hoy está totalmente por fuera del control político, reducir la privacidad y abrir la puerta a futuras restricciones de la libertad de expresión, como ya está pasando en Inglaterra, Alemania, Australia, Francia, etc.; con miles de ciudadanos, procesados o detenidos por opinar en redes en contra del gobierno de turno, gracias a sus políticas desconectadas de la realidad del ciudadano común.
Para el caso específico de Inglaterra y a la luz de los hechos, queda claro que su intención nunca fue la protección de los menores, sino la de acallar voces disidentes, sobre las pésimas decisiones económicas, pero sobre todo por sus políticas progresistas de puertas abiertas, dando pie a una inmigración islámica musulmana descontrolada, barrios en donde manda la sharia, con su falta de adaptación a las comunidades y costumbres del país, que dieron lugar a una corrupción estatal sin precedentes en todo occidente para encubrir que, 250.000 niñas y mujeres fueron víctimas de violaciones grupales, torturas físicas y psicológicas, embarazos forzados e incluso conversiones al Islam bajo amenazas de muerte, escándalo que contribuyó a la renuncia de Keir Starmer primer ministro británico. (3)
La protección de los menores es el primer paso hacia una sociedad totalmente vigilada.
Como advertía Friedrich Hayek, el mayor peligro para la libertad no proviene del caos, sino del exceso de planificación centralizada. Hoy, esa planificación se traslada al plano virtual, el Estado ahora también pretende regular la circulación digital de ideas.
ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y PÁNICOS MORALES.
Cada vez que ha aparecido una nueva tecnología, la historia parece repetirse, en distintas épocas se intentó prohibir el uso a los jóvenes de la tecnología o nuevos inventos, etc., siempre con la excusa de protegerlos; libros, música, videojuegos y hoy por supuesto internet y redes sociales. Siempre con un argumento aparentemente irrefutable y directo al corazón de los padres: proteger a los menores de un inminente peligro.
El miedo usado como chantaje emocional.
El mecanismo es siempre el mismo, aparece una nueva tecnología, una autoridad advierte un peligro para los menores, se afirma que la familia sola no puede protegerlos, la política responde con restricciones reclamando nuevas competencias y años después, aquellas medidas terminan siendo recordadas como exageraciones propias del miedo al progreso. La mayoría de esos pánicos tecnológicos fueron exageraciones que terminaron restringiendo libertades sin resolver el problema de fondo y sus verdaderas responsabilidades.
La información y el conocimiento de la población siempre incomodan al poder, en distintos momentos de la historia se quemaron bibliotecas, se prohibieron libros, se regularon imprentas, radios y canales de televisión. Hoy la diferencia con el pasado es que por primera vez en la historia de la humanidad, los gobiernos poseen la tecnología necesaria para controlar de forma masiva a la población, el nuevo campo de batalla, es el escenario que está en disputa, Internet.
Desde una perspectiva crítica, el verdadero objetivo por tanto, ya no sería únicamente proteger a los menores, sino decidir quién puede acceder a la información, quién puede expresarse libremente y bajo qué condiciones podremos hacerlo.
QUÉ DICE REALMENTE LA EVIDENCIA CIENTÍFICA?
El problema más frecuente en este debate es que suele plantearse como si existiera un consenso científico absoluto sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental de niños y adolescentes, sin embargo, la evidencia disponible muestra un panorama mucho más complejo.
No existe una relación causal directa demostrada entre el uso de redes sociales y un daño de la salud mental de todos los adolescentes ya que los efectos son muy variables según la persona y el contexto socio cultural, aproximadamente un 40% de los estudios encontraron efectos nulos o incluso negativos, como mayor soledad o menor satisfacción vital. (6)
Australia, el primer país en aplicar una prohibición nacional para menores de 16 años, encontró que más del 80 a 85% de los adolescentes seguían usando redes sociales apenas tres meses después, recurriendo a cuentas falsas, VPN u otros métodos tecnológicos para eludir los controles. Investigadores de la University of Newcastle concluyeron que la medida tuvo muy poco impacto sobre el uso real y que los adolescentes aprendieron rápidamente a sortear las restricciones. (6)
Los expertos advierten sobre posibles consecuencias no deseadas de las prohibiciones generales, entre ellas: desplazamiento hacia plataformas menos reguladas; uso de cuentas clandestinas o falsas; menor supervisión por parte de los padres, porque el uso pasa a ser oculto; pérdida de espacios de socialización y apoyo para algunos adolescentes.(6)
Las restricciones rara vez afectan a quienes realmente buscan eludirlas, la evidencia internacional demuestra que los adolescentes continúan accediendo a las plataformas mediante cuentas falsas, dispositivos de terceros o distintos mecanismos para evitar las limitaciones de acceso. Lo que sí permanece es la infraestructura de control que esas leyes dejan instalada.
No seamos ingenuos, al mismo tiempo aparecen conceptos jurídicos laxos cada vez más amplios, como la desinformación, el discurso de odio, el contenido dañino o riesgo para los menores.
Quién decide qué información es verdadera, qué contenido resulta dañino y qué opiniones merecen ser sancionadas?
PRECEDENTES HISTÓRICOS DE EXPANSIÓN DEL PODER ESTATAL.
“Se puede distinguir qué lado es el bueno y cuál es el malo según qué lado quiera restringir la libertad de expresión”. — Elon Musk
Existen numerosos precedentes históricos donde la protección, educación o bienestar de los niños y adolescentes fue utilizada para justificar un aumento del poder del Estado o la implantación de mecanismos de control social. Los hechos a continuación son ampliamente documentados.
Aclaremos que no se trata de equiparar los siguientes regímenes con las políticas actuales, sino de identificar un mecanismo retórico que es recurrente; usar la protección de los niños y adolescentes para justificar la expansión del poder estatal.
Algunos de los ejemplos más relevantes son:
1. Alemania nazi: el ejemplo más claro. Bajo la excusa de proteger a los menores de ideas corruptas, el Estado desplazó a la familia como principal educador, la afiliación a las organizaciones juveniles (Hitlerjugend) pasó de voluntaria a obligatoria, se controló qué podían leer y pensar, y se incentivó a los niños a denunciar a sus propios padres. La justificación siempre fue el bienestar de la juventud y el futuro de Alemania.
2. Unión Soviética: a través de los Jóvenes Pioneros y el Komsomol, el Estado asumió la formación ideológica de los menores y censuró libros y contenidos considerados peligrosos. La educación se convirtió en instrumento del Partido Comunista, presentando a los niños como "el futuro del socialismo" para justificar la intervención estatal.
3. Cuba: desde la revolución, la educación pasó a estar completamente centralizada, con organizaciones juveniles estatales y formación política desde edades muy tempranas. El argumento oficial fue siempre formar ciudadanos comprometidos con la revolución y proteger a los niños de la propaganda imperialista.
4. EEUU: en 1873 se aprobó bajo la bandera de proteger la moral de la juventud, el Comstock Act, que terminó habilitando al Estado a censurar el correo, la literatura e información sobre anticoncepción y aborto durante más de un siglo. Como en los casos anteriores, la protección de la infancia fue la puerta de entrada; cuyo alcance real terminó siendo mucho mayor.
Lo que muestra la historia es que los regímenes autoritarios han recurrido a la excusa de la protección de los niños, la educación o la moral pública para justificar una expansión del poder del Estado. Ese patrón es el que suele invocarse cuando se advierte sobre el riesgo de que determinadas medidas creen infraestructuras de control que luego son utilizadas con fines mucho más amplios y ambiguos que los originalmente declarados.
INGLATERRA LA NUEVA 1984 DE ORWELL.
El gobierno británico anunció este 2026, la prohibición del acceso a las redes sociales para menores de 16 años, presentando la medida como una política dirigida a proteger la salud de niños y adolescentes en contra del ciberacoso, pornografía y violencia; los británicos que tengan redes sociales y quieran acceder a ellas, deberán dar todos sus datos mediante una app de verificación de identidad.
Nadie discute que el abuso de cualquier tecnología pueda generar consecuencias negativas, ni en que los padres deban involucrarse en la educación digital de sus hijos. El verdadero debate aparece cuando esa preocupación se utiliza para justificar la construcción de mecanismos permanentes de control estatal, como el que hoy el parlamento Uruguayo encabezado por el diputado del partido nacional Rodrigo Goñi a imagen y semejanza del modelo británico quiere traer a nuestro país.
Esta preocupación surge por Inglaterra, ya que cuenta con una legislación que ha ampliado las obligaciones de las plataformas digitales para censurar y retirar contenidos, fruto de la mencionada ley de protección de niños y adolescentes. Las investigaciones y detenciones vinculadas a publicaciones realizadas en redes sociales en Inglaterra se han disparado, desde la entrada en vigencia de la ley, cerca de 30 ciudadanos ingleses por día son procesados o detenidos por posteos en contra del gobierno en redes sociales. (2)
En paralelo, la Unión Europea impulsa su propio proyecto relacionado y dirigido hacia la identidad digital, la intrusión del contenido de los chats personales, el control de comunicaciones y nuevas regulaciones sobre inteligencia artificial, avanzando hacia una centralización política del control del espacio público digital.
El problema no son los niños, el problema es el poder que se construye en su nombre.
LA INSTRUMENTALIZACIÓN DE LA CENSURA EN INGLATERRA.
El verdadero problema de la verificación de identidad que Rodrigo Goñi quiere implementar en nuestro país será la siguiente cuestión central, no es solamente impedir que un menor abra una cuenta en una red social, para hacerlo efectivo es necesario saber quién está detrás de cada dispositivo.
Eso implicaría sistemas de verificación de edad, identificación obligatoria y una infraestructura tecnológica capaz de identificar y rastrear la actividad de cada usuario antes incluso de acceder a Internet. Una vez construida esa infraestructura, deja de servir únicamente para proteger menores y pasa a convertirse en una poderosa herramienta de vigilancia sobre toda la población, sin excepciones. Inutilizando en el proceso mecanismos de anonimato como las VPN, este detalle técnico cambia completamente la naturaleza de la medida.
Para impedir que un menor acceda a una red social resulta indispensable verificar su edad. Según lo anunciado en su momento por Keir Starmer, esa verificación no recaería únicamente sobre las plataformas digitales o VPN's, sino que se realizaría desde el propio sistema operativo del teléfono móvil.
En otras palabras, si la verificación de edad se implementara a nivel del sistema operativo Apple y Google deberían conocer previamente quién utiliza cada dispositivo antes de permitir la instalación de aplicaciones. El argumento técnico ocupa entonces un lugar central y para impedir que los menores accedan a las redes sociales y sería imprescindible verificar su edad.
Dependiendo de cómo se implemente la verificación de edad, podría ser necesario trasladar parte de ese proceso al sistema operativo o a terceros proveedores de identidad, ampliando la cantidad de actores con acceso a nuestra información personal, con el riesgo real de hackeo que ello conlleva (como ya paso en Australia). (7)
Ya no se trata simplemente de impedir el acceso de menores a una plataforma, sino de construir una infraestructura tecnológica capaz de identificar permanentemente a cada usuario. Una vez instalada, esa infraestructura deja de servir únicamente para proteger menores y puede ser utilizada para cualquier otro objetivo que un futuro gobierno considere conveniente, como la judicialización del espacio digital como lo es hoy el estado Ingles; aunque cambien los gobiernos, irónicamente estos mecanismos de control eventualmente podrán ser usados por aquellos contrarios que una vez en el poder lo usara en contra de sus creadores.
A la mayoría de la gente este hecho le da igual, porque creen que no hacen nada malo, en el momento que la autoridad decida que eso que es inocuo está mal, entonces el mecanismo ya está creado para que le caiga la censura y o persecución ideológica.
El Online Safety Act aprobado en 2023, presentado inicialmente como una legislación destinada a combatir contenidos ilegales y proteger a los menores, amplió significativamente las obligaciones de las plataformas para moderar contenidos bajo la amenaza de fuertes sanciones económicas. Paralelamente, aumentaron las investigaciones y detenciones relacionadas con publicaciones realizadas en redes sociales, interpretando esos hechos como señales de un endurecimiento progresivo y sostenido del control estatal sobre el debate público en redes, plataformas digitales y sus ciudadanos desde el 2023.
Sus defensores sostienen que durante años las grandes plataformas digitales tuvieron incentivos económicos para priorizar la participación y el tiempo de permanencia de los usuarios por encima de la seguridad. Desde esa perspectiva, el Estado debe establecer obligaciones más estrictas para evitar que menores sean expuestos a contenidos dañinos, explotación, abuso o mecanismos de manipulación.
Por tanto la nueva prohibición para menores no sería un hecho aislado, sino una ampliación de una tendencia previa hacia una regulación cada vez más estricta del discurso digital. Una vez que cada ciudadano debe identificarse para utilizar Internet, desaparece en la práctica el anonimato digital. Y cuando el anonimato desaparece, cualquier actividad en línea puede ser rastreada.
Una vez implantada, facilitaría la creación de sistemas de identidad digital obligatoria, reconocimiento facial y registros permanentes de la actividad online de toda la población.
De este modo, la regulación infantil sería únicamente la excusa y puerta de entrada para desarrollar herramientas de vigilancia que posteriormente son utilizadas con un objetivo político.
EL CHAT CONTROL DE LA UNIÓN EUROPEA E IDENTIDAD DIGITAL.
La propuesta europea conocida como Chat Control ilustra perfectamente el dilema que hoy estamos analizando. Bajo la premisa de combatir el abuso infantil, se ha aprobado este 2026 en el parlamento europeo, escanear automáticamente mensajes, fotografías y archivos compartidos de cualquier aplicación que contenga mensajería, llevándose por delante el cifrado de extremo a extremo, uno de los pilares de la privacidad digital.
Una vez implantada, facilita la creación de sistemas de identidad digital obligatoria, reconocimiento facial y registros biométricos permanentes de la actividad online de toda la población. Todas estas medidas responden a una lógica común; aumentar la capacidad de supervisión estatal sobre el entorno digital mientras se concentra el desarrollo tecnológico en grandes actores capaces de cumplir con exigencias regulatorias cada vez más complejas.
Lo que hoy sirve para combatir los crímenes relacionados con abuso infantil, mañana puede utilizarse para perseguir otros delitos; más adelante para combatir la desinformación; después para controlar discursos considerados de odio; finalmente, para supervisar cualquier contenido disidente que el poder político considere inconveniente.
Ese fenómeno recibe en ciencia política el nombre de expansión funcional (function creep): una herramienta creada para un propósito específico termina utilizándose para otros completamente distintos de aquellos que justificaron su creación en primer lugar.
Para perseguir a una minoría de delincuentes, resulta legítimo construir herramientas capaces de inspeccionar las comunicaciones de millones de ciudadanos que no han cometido ningún delito?
LA EXPANSIÓN INTERNACIONAL DEL MODELO.
Si el de Inglaterra fuera un caso aislado, podría interpretarse como una decisión política propia de un contexto específico, sin embargo distintas iniciativas impulsadas en otros países muestran que existe una tendencia internacional hacia una mayor regulación del entorno digital, justificada siempre por la protección de menores, la lucha contra la desinformación o la seguridad pública.
Australia: se convirtió en uno de los primeros países en anunciar la prohibición del acceso a determinadas redes sociales para menores de 16 años. La medida fue presentada como una respuesta al creciente deterioro de la salud mental de niños y adolescentes y a los efectos negativos que determinadas plataformas pueden generar sobre su bienestar.
El debate sin embargo como era de esperar, rápidamente dejó de centrarse en los menores para trasladarse a cómo puede hacerse cumplir una prohibición de este tipo sin verificar previamente la identidad o la edad de todos los usuarios.
Francia: también ha impulsado iniciativas destinadas a limitar el acceso de menores a determinados servicios digitales. Paralelamente, ha promovido regulaciones cada vez más estrictas sobre las grandes plataformas tecnológicas, reforzando las obligaciones de moderación de contenidos y aumentando la presión regulatoria sobre quienes administran redes sociales.
Brasil: ha sido en Sudamérica el caso más extremo, donde directamente ha prohibido Twitter en varias ocasiones, desarrollado un intenso debate sobre la responsabilidad de las plataformas digitales respecto del contenido publicado por sus usuarios como excusa. La realidad dista de ser meramente por la protección de los usuarios, sino que se trata directamente de censura del discurso público disidente.
Un patrón que tiende a repetirse, observados de manera aislada, cada uno de estos proyectos parece responder a problemas concretos de cada país, sin embargo, cuando se analizan en conjunto, comienza a aparecer un patrón común, la censura institucionalizada y sistematizada por parte de los distintos gobiernos.
La cuestión de fondo ya no consiste únicamente en proteger a los menores, sino en determinar cuáles son los límites que una sociedad democrática está dispuesta a aceptar cuando el Estado solicita nuevas herramientas de vigilancia en nombre de una causa legítima.
EL FIN DEL MONOPOLIO DEL RELATO. (4)
“Las redes sociales no solo democratizaron la opinión pública, democratizaron la información. Hoy cualquiera puede investigar, publicar, postear, ser leído y tener un alcance nunca antes visto, hasta el punto de eclipsar a los medios tradicionales, que cuentan con muchísimos más recursos, en comparación con los individuos.
La lógica dejó de ser vertical para volverse horizontal. En este nuevo escenario, ya no hay emisores privilegiados y receptores pasivos.
Antes uno no podía cuestionar el relato político o a los grandes medios de opinión, esa dinámica ya no existe, pasamos a ser actores activos y en muchos casos principales dentro de este nuevo esquema de opinión.
...La política y los medios tradicionales ya no controlan el relato, las redes vinieron a cambiar las reglas. Y cuando eso pasa, aparecen los ninguneos, pataleos, sicarios de las leyes...
El negocio de la política es viejo y conocido: inventar problemas inexistentes, administrar sus consecuencias y luego vendernos las soluciones mágicas; mientras se perpetúan en el poder. Durante décadas, ese esquema funcionó con relativa comodidad y facilidad…”. (4)
Los políticos tienen la obsesión patológica de regular cada aspecto de la vida de la gente, una necesidad imperiosa de trasladar una realidad totalmente por fuera del ciudadano común, por tanto responden a problemas complejos con nuevas regulaciones y leyes absurdas, trasladando al Estado decisiones y responsabilidades que pertenecen al ámbito de la libertad individual o familiar.
El caso del diputado Rodrigo Goñi , el mismo ha manifestado su interés por los temas tecnológicos, pero sobre todo por regular el entorno digital, durante la legislatura pasada promovió un proyecto de ley destinado a sancionar la creación y difusión de noticias falsas (fake news) y deepfakes durante los períodos electorales. La ley preveía penas de seis meses de prisión a dos años de penitenciaría para quienes crearan y difundieran dicho material, el proyecto por suerte finalmente, no prosperó.
El actual proyecto para restringir el acceso de niños y adolescentes a las redes sociales se enmarca en esa misma línea de pensamiento, frente a problemas complejos, reales y preocupaciones legítimas, la respuesta vuelve a ser regular y restringir poniendo el poder coercitivo del Estado sobre el ámbito digital.
Es precisamente esa continuidad la que me da pie a analizar con especial atención los alcances de las herramientas que se pretenden crear y las consecuencias que podrían tener más allá de los fines que se nos plantean, visto sobre todo la deriva por la cual hoy este tipo de leyes es la puerta de entrada a futuras sanciones que nada que ver tienen con la protección de niños y adolescentes en la red.
URUGUAY
Hoy en Uruguay también comenzamos a transitar por este amargo camino. El sistema político Uruguayo cuyo vocero principal es el diputado del partido Nacional Rodrigo Goñi, ha presentado iniciativas orientadas a regular los entornos digitales bajo el pretexto de proteger a niños, niñas y adolescentes. La finalidad resulta legítima y responde a una preocupación compartida por buena parte de la sociedad. (5)
Sin embargo, precisamente por tratarse de una causa incuestionable, resulta imprescindible analizar con cuidado cuáles serán las herramientas que se crearán para alcanzar ese objetivo y cuáles podrían ser sus consecuencias a largo plazo, más teniendo en cuenta todo el camino recorrido por quienes hoy son referencia de Rodrigo Goñi en la materia y que a muchos nos ha encendido las luces de alarma!!!
El verdadero debate comienza cuando esas preocupaciones sirven de fundamento para crear mecanismos permanentes de identificación, vigilancia o control que terminarán alcanzando también a quienes no forman parte del problema que se pretende resolver.
En Uruguay se desarrolla actualmente una discusión pública sobre la regulación de los entornos digitales infantiles, las propuestas impulsadas desde el sistema político toman como referencia modelos ya implementados como el de Inglaterra y otros países occidentales dentro de Europa, especialmente en materia de protección de menores y responsabilidad de las plataformas digitales. (5)
La pregunta que dejo, es si también se importarán las consecuencias que esos modelos han generado en otros lugares como lo he mencionado y he de mencionar a lo largo de este ensayo político. El hecho de que otros países hayan adoptado determinadas políticas no constituye, por sí mismo, una prueba de que esas políticas sean correctas y realmente hayan cumplido su cometido.
En este sentido, la experiencia internacional nos ofrece una enseñanza sumamente importante. Una vez creadas las infraestructuras tecnológicas de verificación de identidad, sistemas de control de acceso, mecanismos de monitoreo o nuevas obligaciones de supervisión para las plataformas, resultan muy difíciles de revertir.
La historia demuestra por aquello de la ventana de Overton, que una vez creadas las herramientas para resolver un problema específico, rara vez permanecen limitadas a ese único objetivo. Con frecuencia y como lo he descrito terminan ampliando su alcance mediante sucesivas reformas, nuevos reglamentos o interpretaciones administrativas que extienden progresivamente a sus funciones originales. Tengamos presente como ejemplo las leyes de caducidad y su actual alcance.
ALGUNOS PUNTOS DE LA CONSULTA. (5)
PUNTO DE PARTIDA, REGULACIÓN, REGULACIÓN, REGULACIÓN…
A lo largo de todo en el documento base, así como en los encuentros realizados en el Parlamento, está implícito que frente a un problema identificado, la respuesta natural debe provenir del Estado, mediante nuevas regulaciones, mayores competencias institucionales o nuevas obligaciones para las plataformas.
Sin embargo, apenas se explora con la misma profundidad la posibilidad de que haya alternativas menos invasivas basadas en la educación, la responsabilidad familiar, la innovación tecnológica o las propias herramientas de control parental que ya ofrecen las plataformas. El debate parece comenzar preguntándose cómo regular, antes que, si realmente hace falta hacerlo y a que costo.
UN DEBATE PLURAL, SOLAMENTE DE AGENCIAS ESTATALES Y ORGANISMOS INTERNACIONALES. . .
La calidad de esta consulta pública es en sí misma, cuanto menos sesgada, la diversidad de perspectivas que alimentaron el debate así lo demuestra, tanto la bibliografía como la mayoría de los expositores provienen de agencias estatales, organismos internacionales y centros académicos que comparten un enfoque relativamente similar sobre lo que ellos llaman la gobernanza digital; a eso le llaman pluralidad… (5)
No sorprende entonces que una consulta organizada casi exclusivamente por legisladores, organismos públicos, agencias internacionales y especialistas que comparten una misma visión del problema, terminen concluyendo que la solución pasa por más regulación y más estado. Si todos miran el mundo bajo la misma caverna, difícilmente aparezcan respuestas distintas. Pareciera que el Estado tiene un reflejo condicionado casi pavloviano; aparece un problema, fabrica una oficina, una regulación o una nueva obligación para el contribuyente.
Aclaremos que no se trata de descalificarlas, sino de advertir que no hay representadas organizaciones especializados en derechos digitales, libertades civiles o de libertad de expresión, que para los casos que ellos toman como referencia, hace años vienen alertando sobre los riesgos de las respuestas regulatorias estatales, como la verificación obligatoria de edad, la identificación digital o la expansión de mecanismos de vigilancia. Un debate verdaderamente abierto debería incorporar también esas voces, razón por la cual este ensayo político cobro vida.
Como lo veo, el problema no es quiénes participan; sino quiénes NO participaron.
EL GRAN AUSENTE, CUANTO NOS VA A COSTAR.
Durante toda la consulta se analizan con detalle los riesgos asociados al uso de Internet por parte de niños y adolescentes, lo que no aparece es una reflexión equivalente sobre los riesgos que pueden generar las propias soluciones propuestas.
Toda regulación tiene costos, incluso cuando persigue fines legítimos y como lo dejo latente en todo el ensayo político, la pérdida de anonimato, el debilitamiento de la privacidad, las barreras de acceso para nuevos competidores, los errores en los sistemas de verificación de identidad o los efectos sobre la libertad de expresión también forman parte del debate y deberían ser contemplados de forma integral y seria, con el mismo rigor que los problemas que se intentan resolver.
QUIÉN CONTROLA AL CONTROLADOR?
El documento dedica en gran medida a las responsabilidades de las plataformas, las instituciones educativas y distintos organismos públicos, sin embargo, no dedica atención a una cuestión igualmente importante y sumamente preocupante: cuáles deberían ser los límites de la propia intervención estatal.
Ni si quiera se trata con seriedad los principios como la proporcionalidad, la mínima intervención, la evaluación periódica de resultados o la posibilidad de revisar y derogar las medidas que no demuestren ser eficaces.
En una democracia liberal, proteger derechos también implica establecer límites claros al poder y a eso apuntamos.
MÍNIMA INTERVENCIÓN.
Toda sociedad libre debería partir de un principio sencillo, cuanto mayor sea la restricción de una libertad, mayor debe ser la evidencia que la justifique. Sin embargo, ese criterio no existe a lo largo de la consulta. En lugar de preguntarse si las herramientas actuales alcanzan, si las familias disponen de mecanismos eficaces o si existen soluciones menos invasivas, el debate avanza progresivamente de forma natural hacia nuevas regulaciones, mayores responsabilidades y más intervención estatal.
Es la lógica del Estado expansionista de ante cada problema, la respuesta nunca es aplicar o gestionar mejor lo que ya existe, sino crear una nueva estructura de control, pero sobre todo una que sume más gente al estado bajo esa premisa. El principio de mínima intervención desaparece y es reemplazado por una presunción de que si el Estado puede hacer algo, probablemente deba hacerlo; con la creencia errada de que lo hace mejor.
EL CIUDADANO COMO OBJETO DE PROTECCIÓN?
El enfoque predominante presenta a la ciudadanía como un cero a la izquierda, pero especialmente a las familias, principalmente como destinatarias de políticas públicas, acompañamiento y regulación, nada de atención a conceptos como la autonomía personal, la responsabilidad individual, la capacidad de decisión de los padres o el desarrollo de herramientas propias para gestionar los riesgos del entorno digital.
La protección de los menores es una obligación irrenunciable, pero convertir al Estado en el actor central de todas las respuestas, desplaza el papel de quienes tienen el deber y ejercen cotidianamente la crianza y la educación de sus hijos.
Los liberales partimos de una idea diferente, el ciudadano no es únicamente un sujeto a proteger, sino también un individuo capaz de asumir responsabilidades y tomar sus propias decisiones. EL Estado debería intervenir solo cuando las familias o las herramientas existentes resulten insuficientes, no sustituirlas como primera respuesta.
CUANDO LOS CONCEPTOS QUEDAN ABIERTOS. . .
Expresiones como contenidos de riesgo, bienestar digital, riesgos emergentes o diseño seguro aparecen reiteradamente a lo largo de toda la consulta, pero decididamente no se definen con precisión, esa falta de precisión no es un problema menor. En derecho, los conceptos demasiado amplios terminan ampliando progresivamente el alcance de una regulación hasta donde el legislador de turno quiera. Lo que hoy se aplica a delitos sobre los que existe consenso absoluto podría mañana extenderse a categorías mucho más discutibles, dependiendo de cómo las interpreten las futuras autoridades.
Las alternativas que se discuten hablan únicamente de legislar, coordinar, fortalecer organismos, asignar nuevas responsabilidades o impulsar nuevas políticas públicas; en cambio, no se plantea la posibilidad de que el derecho vigente correctamente aplicado, sea suficiente o que las soluciones más eficaces pasen por la educación, la alfabetización digital o el fortalecimiento de herramientas ya disponibles. Cuando una consulta como esta solo pone en discusión distintas formas de intervenir, pero no considera la posibilidad de no hacerlo, el resultado difícilmente pueda considerarse completamente abierto, sino todo lo contrario.
COMBATIR LA CONCENTRACIÓN... FORTALECIENDO A LOS MÁS GRANDES?
Paradójicamente, de las medidas regulatorias que suelen proponerse como inspiración para controlar el poder de las grandes plataformas pueden terminar reforzando su posición dominante, sistemas de verificación de edad, obligaciones de cumplimiento cada vez más complejas o nuevas exigencias técnicas en millones de usuarios suelen ser mucho más fáciles de asumir para empresas como Meta, Google o Apple, que para plataformas pequeñas o nuevos competidores. Una regulación mal diseñada puede reducir la competencia, elevar las barreras de entrada y concentrar más aun precisamente el poder que se intentar limitar.
EL AVANCE DEL LEVIATÁN DIGITAL, CUANDO EL PODER LE TEME A NUESTRA PALABRA. (1)
“Las redes sociales se convirtieron en un espacio en donde la ciudadanía con celular en mano, puede desafiar las narrativas oficiales, cuestionar a las élites globalistas, exponer su corrupción y romper consensos bipartidistas artificiales, precisamente por eso son vistas como una amenaza, ya que escapan al control político tradicional, sobre todo el que les da la pauta, que les da el control de la narrativa comprado medios y voluntades, frente a las plataformas no tradicionales, que hoy en día han tomado un papel protagónico primordial, ya que la población, pero sobre todo la juventud ya no prende el TV para informarse, el rechazo por el adoctrinamiento y la bajada de línea ha desbordado el vaso”
“... les resulta imposible entonces controlar el flujo de información en la gente joven, que no mira los medios comprados con pauta, cansados de ver como se les roba su futuro de todas las maneras posibles y ante su imposibilidad de cambiar lo inevitable con esta gente al poder” (1)
TECNOLOGÍA, CONTROL SOCIAL Y LA MENTIRA COMO HERRAMIENTA DE PODER. (1)
“El avance tecnológico ha sido acompañado por un incremento del control social y una creciente instrumentalización de la mentira como herramienta política. Prácticas que en dictaduras serían denunciadas como autoritarias, control del discurso, persecución de opositores, presión sobre medios, sanción de ideas, cuando son aplicadas por gobiernos occidentales, se presentan como medidas democráticas. (1)
La diferencia no es ética, es narrativa.
“Los regímenes autoritarios rara vez se presentan como tiranías; se presentan como protectores del bien común”. Friedrich Hayek.
“…no quieren las plataformas tecnológicas, ya no son sus aliadas, pero lo que si quieren es que les demos el DNI a esas tecnológicas, nuestros datos biométricos, etc., es decir, él no quiere que tengan más poder, pero colateralmente con la medida les va a dar más poder; el estado se debe apartar de la vida de la gente, que los que los protejan a esos jóvenes sean sus padres, no el estado, no el gobierno, porque estamos hablando de unos menores que pueden abortar o mutilarse partes sanas de su cuerpo, sin ningún tipo de permiso paterno, pero no se le va a dejar que entren a redes sociales?
La Unión Europea ha puesto la diana en el siguiente enemigo, las VPN, herramientas diseñadas para proteger comunicaciones privadas y cifradas, bajo regulación más estricta en nombre de la seguridad infantil y la aplicación de la ley.” (1)
LA EMOCION POR SOBRE LA RAZON.
La protección de los menores constituye uno de los argumentos más difíciles de cuestionar y poner en tela de juicio públicamente, básicamente por que nadie quiere ser catalogado como alguien que se opone a resguardar a niños y jóvenes, es precisamente por eso que resulta una herramienta política tan eficaz y rápida de implementar. Cuando el debate se plantea exclusivamente en términos emocionales, desaparece la discusión sobre los costos reales que esas medidas pueden tener para las libertades individuales de toda la sociedad.
El problema no es únicamente qué contenido consumen los menores, sino quién tendrá el poder de decidir qué pueden ver y que no, quién puede acceder a determinada información y bajo qué condiciones.
La diferencia entre una sociedad libre y una sociedad vigilada comienza con pequeñas restricciones que parecen razonables cuando se las analiza de forma aislada.
La educación digital, el acompañamiento familiar y la responsabilidad de las propias plataformas constituyen alternativas mucho más compatibles con una sociedad abierta que la creación de sistemas masivos de identificación y supervisión permanente.
Convertir a todos los ciudadanos en usuarios previamente identificados para impedir que algunos menores ingresen a determinadas aplicaciones supone una respuesta desproporcionada que trasciende ampliamente el objetivo declarado y da al sistema político acceso a todas aquellas voces disidentes y perfiles anónimos; todos indefectiblemente deberemos probar que no somos delincuentes en potencia, dándole la vuelta a la presunción de inocencia.
La libertad siempre encuentra enemigos dispuestos a limitarla en nombre de una causa noble.
Ayer fue la seguridad, otras veces fue la salud pública y hoy es la protección de los menores. La pregunta que siempre está en el aire es si la sociedad está dispuesta a entregar herramientas permanentes de vigilancia y control a cambio de soluciones que además de discutibles, podrían terminar afectando mucho más que el problema que prometen resolver.
La protección de los niños se convierte en un argumento para eliminar el anonimato, ampliar la vigilancia y condicionar el acceso al conocimiento, deja de tratarse únicamente de una política enfocada en los menores y pasa a convertirse en un debate sobre el futuro de la libertad.
MENORES, EL CABALLO DE TROYA. (1)
“Milton Friedman advertía que nada es tan permanente como un programa estatal parcial creado bajo la excusa de una emergencia. La protección infantil funciona aquí como caballo de Troya para introducir sistemas de verificación de edad, monitoreo masivo, recopilación de datos biométricos y control de identidad digital.
El resultado no será solo la supervisión de menores, sino la creación de una infraestructura de vigilancia generalizada que afectará a toda la población global, los sueños mojados de todo tirano de izquierda. Lo más preocupante de todo esto es que el Estado pretende desplazar la responsabilidad de los padres, educadores y familias, reforzando una mentalidad paternalista en la que los ciudadanos son tratados como incapaces de gobernar sus propias decisiones.” (1)
“El progresismo moderno no busca individuos responsables, sino individuos infantilizados, dependientes del poder político y dóciles ante su tutela”. — Agustín Laje
ALTERNATIVAS
Plantear dudas sobre determinadas formas de regulación no implica sostener que el Estado deba permanecer inmóvil frente a los problemas que afectan a niños y adolescentes. Los riesgos existen, la explotación sexual infantil existe, el ciberacoso existe, los problemas de salud mental existen. Uno de los principales errores en este debate es asumir que un problema complejo puede resolverse mediante una única medida legislativa.
La respuesta más sencilla de los políticos suele ser crear una nueva ley, la respuesta más difícil consiste en fortalecer a las familias, mejorar la educación digital, invertir en salud mental, perseguir eficazmente a la delincuencia o quienes cometen delitos y aplicar correctamente las normas que ya existen.
La discusión gira en torno a cuáles son las respuestas más eficaces y compatibles con una sociedad libre, la evidencia científica disponible apunta hacia políticas muy diferentes de las prohibiciones generales que hoy se están manejando.
Entre ellas podríamos destacar: fortalecer la educación digital desde la escuela; brindar herramientas a padres y docentes para acompañar el uso de las tecnologías; promover programas de alfabetización digital; mejorar el caro y pésimo acceso a servicios de salud mental; exigir a padres hacerse responsables de la crianza de sus hijos e involucrarse en los controles parentales de las plataformas (que todas tienen); exigir a las plataformas una menor exposición a contactos desconocidos, reducción de funciones que incentiven un uso compulsivo, reforzar la persecución en contra del acoso y del grooming, la explotación sexual infantil y demás delitos ya tipificados; aplicar correctamente la legislación vigente antes de crear nuevas estructuras permanentes de control.
Estas alternativas parten de una lógica totalmente distinta.
En lugar de asumir que todos los ciudadanos deben ser vigilados para impedir que una minoría cometa delitos, busquemos actuar directamente sobre las conductas ilícitas y fortalecer la capacidad de las familias y de la sociedad para enfrentar los riesgos del entorno digital.
NO BUSCAN SILENCIARNOS, BUSCAN DOMESTICARNOS. (1)
“La censura moderna no funciona como en las dictaduras clásicas, no se basa en el silencio absoluto, se basa en la domesticación cultural, no quieren que nadie hable, quieren que solo hablen aquellos que repiten el discurso guionado que ellos nos dan, quieren que la disidencia sea costosa, estigmatizada, penalizada o invisibilizada.
Como lo explica Agustín Laje en su libro Batalla Cultural, el control ideológico contemporáneo no se impone solo con leyes, sino con mecanismos de presión cultural, reputacional y económica que induzcan a la autocensura. Las redes sociales representan una amenaza porque permiten que ciudadanos comunes cuestionen narrativas oficiales sin intermediarios.
Por eso buscan ponerles límites. Pero el orden moral debería ser el inverso, no son los políticos quienes deben ponerle coto a la ciudadanía; son los ciudadanos quienes debemos ponerle coto a los políticos. Cuando el poder decide qué se puede decir, la democracia deja de ser un sistema de debate libre y se convierte en un sistema de opinión administrada obsecuente.” (1)
La historia nos ha enseñado que las libertades no suelen perderse de un día para el otro, retroceden poco a poco mediante pequeñas excepciones, todas justificadas por buenas intenciones o bajo la alarma publica, todas presentadas como necesarias y todas aprobadas con un amplio consenso político y bajo un atronador aplauso en los parlamentos. . .
Una sociedad libre no se construye eligiendo entre seguridad y libertad.
Se construye buscando mecanismos que permitan proteger ambas.
Nota al pie:
(1) Extractos de la nota “CENSURA!!! NACE LA NUEVA GESTAPO DIGITAL”.
LINK: https://lalibertadavanza.org.uy/blog/censura-nace-la-nueva-gestapo-digital
(2) Fuentes: https://www.elobservador.com.uy/argentina/sociedad/reino-unido-mas-30-arrestos-diarios-mensajes-redes-sociales-revelan-una-crisis-libertad-expresion-n6015888
https://www.bbc.com/news/articles/cr548zdmz3jo
https://www.thetimes.com/uk/crime/article/police-make-30-arrests-a-day-for-offensive-online-messages-zbv886tqf
(3) Fuentes: https://static1.squarespace.com/static/6810978a41bbc42489eafa81/t/6a314bb1151e511944bd4421/1781615537601/The+Rape+Gang+Inquiry+Report.pdf
https://okdiario.com/internacional/starmer-perseguido-escandalo-bandas-paquistanies-violadores-ninas-que-reino-unido-oculto-18827283
https://www.humanium.org/es/confrontar-la-explotacion-sexual-infantil-por-bandas-en-el-reino-unido/
(4) Extractos de la nota “LA REBELIÓN DE LAS REDES Y EL PODER EN CONTRA DE LOS CIUDADANOS”
Link: https://lalibertadavanza.org.uy/blog/el-poder-en-contra-de-los-ciudadanos-y-la-rebelion-de-las-redes
(5) https://plataformaparticipacionciudadana.gub.uy/processes/participacion-ninos-ninas-adolescentes-entornos-digitales
https://plataformaparticipacionciudadana.gub.uy/rails/active_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--7242c6aedf1326bca72e041f24df1d5dc9a2fe53/Consulta%20P%C3%BAblica%20y%20Participaci%C3%B3n%20Multiactores.pdf
https://plataformaparticipacionciudadana.gub.uy/rails/active_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--3832ac11d24655c8a06a74cc4f02ee4455638c87/ANEXOS_v0_22_6_2026_bibliograf%C3%ADa%20nota%20conceptual.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=F77zAxgR7CM&t=2784s
https://www.youtube.com/watch?v=aHmvo6WfVcc&t=2865s https://www.youtube.com/watch?v=aHmvo6WfVcc&t=2865s
(6) *National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (NASEM) - https://www.nationalacademies.org/read/27396/chapter/1 https://www.nationalacademies.org/read/27396/chapter/1
*U.S. National Library of Medicine - https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11554337/ https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11554337/
https://ia.acs.org.au/article/2025/discord-breach-hits-68-000-australians.html