Un país que quiere crecer no puede convertir el primer paso de un emprendedor en una carrera de obstáculos.
Hay una escena que se repite en miles de hogares uruguayos: una persona empieza a hacer tortas en su casa, otra fabrica velas artesanales, alguien comienza a vender ropa que diseña y confecciona, una joven hace bijouterie, un jubilado fabrica muebles, una familia produce alimentos artesanales, alguien descubre que sabe pintar, reparar, cocinar, diseñar, programar o fabricar algo y decide intentar venderlo.
No empiezan pensando en convertirse en una gran empresa, empiezan con una idea, con una habilidad, con una pasión, con unos pocos pesos ahorrados y muchas veces con una pregunta sencilla: “¿Y si pruebo?” Ese “probar” debería ser alentado. Porque detrás de cada pequeño emprendimiento existe algo mucho más importante que una venta: existe la posibilidad de crear trabajo, generar ingresos, adquirir experiencia, desarrollar un producto y, eventualmente, convertirse en una empresa. Sin embargo, en Uruguay muchas veces el camino comienza al revés. Antes de vender, hay que pensar en cómo formalizarse, antes de crecer, hay que pensar en qué régimen tributario corresponde, antes de contratar, hay que pensar en BPS, antes de comercializar determinados productos, aparecen habilitaciones y cuando el emprendimiento comienza a crecer, aparecen nuevas obligaciones.
El resultado es que una persona que todavía no sabe si podrá vender diez unidades al mes puede encontrarse enfrentando una estructura administrativa pensada para una actividad económica mucho más consolidada.
El problema no es que existan impuestos. El problema es cuándo y cómo se aplican
Desde una perspectiva liberal, la discusión no consiste simplemente en decir “no queremos impuestos”. El Estado necesita recursos para funcionar. La discusión verdaderamente importante es otra: ¿Cuánto le cuesta al ciudadano comenzar una actividad económica?
Y, especialmente: ¿Tiene sentido aplicar una estructura de obligaciones relativamente pesada a quien todavía está intentando descubrir si su idea funciona?
Uruguay dispone de mecanismos simplificados. El Monotributo, por ejemplo, fue creado precisamente para actividades empresariales de reducida dimensión económica y concentra en un único tributo obligaciones vinculadas a BPS y DGI pero el problema aparece cuando analizamos la realidad de quien recién comienza.
En 2026, para una empresa unipersonal sin dependientes incorporada al régimen de Monotributo, el aporte mínimo durante los primeros doce meses puede ser de $1.071 mensuales sin cobertura médica Fonasa, mientras que con cobertura médica los montos son considerablemente superiores. Luego el aporte aumenta en los períodos siguientes. Para una persona que vende muy poco, esa diferencia puede ser decisiva.
Supongamos un emprendimiento artesanal que durante un mes consigue vender solamente unos pocos productos. El emprendedor no solamente tiene que comprar materiales, pagar envases, transporte, electricidad, herramientas, publicidad y eventualmente comisiones de medios de pago. También tiene que afrontar sus obligaciones como empresa y eso ocurre incluso antes de saber si el emprendimiento será exitoso.
Monotributo: una herramienta útil, pero que podría ser mucho más amigable
El Monotributo es, sin dudas, una herramienta que facilita la formalización. Pero tiene límites.
Para 2026, DGI establece topes de ingresos para este régimen de 183.000 UI para empresas unipersonales y 305.000 UI para determinadas sociedades de hecho, además de otras condiciones relativas a la actividad, activos, personal y modalidad de comercialización.
BPS publica para 2026 una estructura progresiva de aportes para quienes iniciaron actividades desde 2021: durante los primeros 12 meses, luego durante los segundos 12 y posteriormente desde el tercer año. Esto demuestra algo importante: Uruguay ya reconoce que los pequeños emprendimientos necesitan un tratamiento diferente.
Entonces la pregunta liberal es: ¿Por qué no llevar esa lógica mucho más lejos?
El Monotributo Social MIDES: una excepción que demuestra que se puede hacer diferente
Existe además el Monotributo Social MIDES, destinado a pequeños emprendimientos desarrollados por personas pertenecientes a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Este régimen permite formalizar determinados emprendimientos productivos o de servicios y tiene una característica particularmente interesante: los aportes se realizan de manera progresiva. Durante los primeros 12 meses se paga el 25% del aporte correspondiente; durante los siguientes 12 meses, el 50%; durante los terceros 12 meses, el 75%; y posteriormente el 100%.
Es una buena idea. Y precisamente por eso deberíamos hacernos una pregunta: ¿Por qué una lógica de progresividad debería estar reservada solamente a determinados sectores?
El emprendedor que no se encuentra dentro de los criterios del Monotributo Social también puede estar comenzando desde cero. Puede tener una buena idea y prácticamente ningún capital, puede estar vendiendo diez productos por mes, puede estar intentando transformar un hobby en una fuente de ingresos, puede estar arriesgando sus propios ahorros. El riesgo económico existe independientemente de la condición social de quien emprende.
Y después aparece el IVA mínimo
Otra alternativa es el régimen de IVA mínimo o pequeña empresa, conocido también como Literal E. Este régimen alcanza a pequeños contribuyentes que desarrollan actividades empresariales utilizando conjuntamente capital y trabajo y cuyos ingresos se encuentran por debajo del límite establecido de 305.000 UI. El régimen implica una cuota mensual a DGI, además de los aportes que correspondan al BPS. Además, estos contribuyentes deben documentar sus operaciones. DGI establece que los contribuyentes comprendidos en el Literal E son contribuyentes de IVA, aunque mientras permanezcan dentro del límite correspondiente no deben facturar ni liquidar el IVA de sus operaciones de la misma manera que un contribuyente del régimen general.
Y existe otro cambio relevante: desde el 1.º de enero de 2025, los contribuyentes de IVA, incluido IVA mínimo, pasaron a estar comprendidos en la facturación electrónica, con determinadas excepciones. Monotributo y Monotributo Social MIDES mantienen un tratamiento diferente.
Para una empresa consolidada, la facturación electrónica puede ser una herramienta perfectamente razonable. Pero para alguien que vende ocasionalmente unas pocas unidades, cada nueva obligación representa tiempo, aprendizaje, costos y dependencia de terceros.
Y ahí aparece un concepto que muchas veces se olvida: la burocracia también es un impuesto No aparece necesariamente en una factura, no se paga siempre directamente a DGI, pero cuesta dinero, cuesta horas, cuesta asesoramiento, cuesta errores, cuesta trámites, cuesta aprender procedimientos que no tienen relación con aquello que el emprendedor sabe hacer.
Un artesano quiere fabricar, una cocinera quiere cocinar, un diseñador quiere diseñar, un carpintero quiere fabricar muebles, un programador quiere desarrollar software. Pero el sistema puede terminar obligándolos a convertirse también en especialistas en normativa tributaria, documentación, registros, vencimientos y procedimientos administrativos. Eso tiene un costo económico real y no termina en DGI y BPS, dependiendo de la actividad, pueden aparecer otras obligaciones.
Un emprendimiento que trabaja con alimentos, por ejemplo, puede necesitar registros y habilitaciones bromatológicas. En Montevideo, el registro de alimentos tiene un costo asociado a la tasa bromatológica y el registro de productos; la habilitación de empresas alimentarias se tramita actualmente mediante el Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (RUNAEV). También pueden existir exigencias departamentales, habilitaciones de locales, requisitos sanitarios, manipulación de alimentos, seguridad, permisos específicos y otros costos dependiendo del rubro.
No estamos diciendo que todas esas exigencias sean inútiles. La seguridad alimentaria, por ejemplo, es importante, la protección del consumidor también. La pregunta es otra: ¿Debe un pequeño productor que está intentando vender sus primeros productos enfrentar exactamente el mismo laberinto administrativo que una empresa consolidada?
Probablemente no. El Estado debería regular según el riesgo y la dimensión
Una economía moderna debería aplicar un principio sencillo: A mayor escala, mayor responsabilidad. A mayor riesgo, mayor control. A menor dimensión, mayor simplicidad.
No tiene sentido construir una estructura burocrática idéntica para quien vende 20 unidades y para quien factura millones, la regulación debe ser proporcional.
Porque cuando el costo de cumplir la norma supera la capacidad económica del emprendimiento, el resultado no necesariamente es más formalidad. Puede ser exactamente lo contrario, puede generar informalidad.
La paradoja uruguaya
Queremos que los jóvenes emprendan, queremos que las mujeres emprendan, queremos que los trabajadores independientes creen empresas, queremos innovación, queremos producción nacional, queremos exportaciones, queremos empleo, queremos que las pequeñas empresas se transformen en medianas empresas. Pero, al mismo tiempo, construimos un sistema donde el ciudadano puede sentir que es más sencillo quedarse quieto que empezar. Esa es una contradicción que Uruguay debe resolver.
Porque una persona que vende dos productos no debería sentirse como un potencial evasor, debería sentirse como un potencial empresario.
¿Qué proponemos desde una visión liberal?
Desde La Libertad Avanza Uruguay creemos que hay que cambiar el enfoque. No se trata simplemente de crear un nuevo subsidio, no se trata de repartir dinero, no se trata de crear otra oficina estatal. Se trata de liberar la capacidad de producir.
1. Un régimen de “emprendimiento inicial”
Crear una categoría verdaderamente simple para quienes comienzan una actividad económica.
Durante un período inicial —por ejemplo, los primeros 12 o 24 meses— debería existir una estructura mínima de obligaciones, siempre dentro de determinados límites de facturación.
La prioridad debería ser: formalizar primero y cobrar después.
2. Cero burocracias innecesarias
Un único registro digital debería permitir; inscripción; BPS; DGI; domicilio electrónico; facturación; permisos básicos; información tributaria. El emprendedor no debería tener que recorrer diferentes organismos para realizar trámites que el Estado ya podría compartir internamente.
3. Tributación proporcional a las ventas
Si un emprendimiento vende poco, debería pagar poco. Y si un mes no vende nada, el sistema debería contemplar esa realidad. La carga tributaria debería acompañar la capacidad económica real del emprendimiento. No puede ser que una persona que todavía está validando su idea tenga una estructura fija que la empuje a abandonar.
4. Simplificar el salto entre categorías
Otro problema es el miedo a crecer. El emprendedor sabe que mientras permanece pequeño puede manejarse dentro de determinado régimen pero cuando aumenta sus ventas puede encontrarse con nuevas obligaciones. El crecimiento no debería convertirse en una penalización. Crecer debería ser siempre una buena noticia.
5. Menos habilitaciones y más gestión basada en riesgo
No proponemos eliminar controles sanitarios o de seguridad cuando sean necesarios. Proponemos que sean proporcionales.
Un emprendimiento que produce alimentos para 20 consumidores no necesariamente representa el mismo nivel de riesgo que una planta industrial que abastece a miles de personas. El Estado debería controlar más donde el riesgo sea mayor y simplificar donde el riesgo sea menor.
6. Una verdadera “ventanilla única” para emprendedores
El ciudadano debería poder ingresar a una plataforma, explicar qué quiere hacer y recibir una respuesta clara: “Para realizar esta actividad necesitás esto, esto y esto.” No cinco organismos, no diez formularios, no interpretaciones diferentes, no descubrir seis meses después que faltaba un trámite.
7. No criminalizar el primer intento
El primer emprendimiento debería ser una experiencia de aprendizaje. Si una persona comete un error administrativo sin intención de evadir, la primera respuesta del Estado debería ser educar y corregir, no castigar automáticamente. La fiscalización debe concentrarse especialmente en el fraude deliberado, no en perseguir al ciudadano que está tratando de aprender cómo funciona el sistema. Porque el próximo gran empresario puede estar vendiendo hoy dos productos.
Esta es quizás la idea más importante. Nadie sabe dónde comienza una gran empresa, puede comenzar en un garaje, en una cocina, en una habitación, en una feria, en un pequeño taller, en una cuenta de Instagram, en una persona que fabrica cinco productos y logra venderlos; después vende diez, cincuenta, cien y contrata a alguien, compra una máquina, alquila un local, empieza a exportar. Y un día deja de ser un pequeño emprendimiento, se convirtió en una empresa. Pero para que eso ocurra hay que permitirle llegar hasta allí. Uruguay necesita dejar de preguntarse cuánto puede cobrarle al que empieza y comenzar a preguntarse cuánto puede liberar su potencial.
La verdadera riqueza de un país no está solamente en sus recursos naturales. Está en su gente, en sus conocimientos, en su creatividad, en su capacidad de asumir riesgos, en su voluntad de trabajar, en su capacidad de transformar una idea en algo que otra persona esté dispuesta a comprar. Eso es emprender y emprender implica riesgo.
El emprendedor arriesga su dinero, arriesga su tiempo, arriesga su reputación, arriesga muchas veces su estabilidad. El Estado no debería agregarle riesgos innecesarios, debería quitarle obstáculos.
Una economía libre no promete que todos los emprendimientos tendrán éxito
Y tampoco debería hacerlo. Algunos fracasarán, otros cambiarán de actividad, otros crecerán, otros quedarán como pequeños negocios familiares y algunos se convertirán en grandes empresas. Eso es parte natural de una economía dinámica.
Lo importante es que el fracaso de un emprendimiento no sea provocado por una burocracia que hizo imposible comenzar. Y que el éxito no sea castigado con una maraña creciente de obligaciones.
El principio debería ser sencillo: Si alguien quiere trabajar, producir y vender, el Estado debería preguntarle primero cómo puede facilitarle el camino, no cómo puede complicárselo.
Uruguay necesita menos trabas, menos burocracia y más libertad para producir. Necesita un Estado que controle donde realmente debe controlar y que deje trabajar donde no es necesario intervenir. Porque detrás de cada pequeño emprendimiento hay una posibilidad, una posibilidad de ingreso, una posibilidad de independencia, una posibilidad de empleo, una posibilidad de innovación y quizás —sin que todavía lo sepamos— también una futura empresa uruguaya capaz de competir con el mundo. No le pongamos una mochila al que recién está aprendiendo a caminar, dejemos emprender, dejemos producir, dejemos crecer.
Más libertad para emprender. Más oportunidades para Uruguay.
"Aquellos emprendedores a los que les va bien, son héroes o benefactores sociales" J.Milei