Parte 1: Reflexiones desde Tacuarembó sobre una realidad que preocupa
En muchas ciudades del interior del Uruguay, el tránsito ha dejado de ser simplemente un sistema de circulación para transformarse en un escenario de desorden, riesgo y creciente impunidad.
Quien circula diariamente por las calles de la ciudad de Tacuarembó —ya sea en automóvil, moto, bicicleta o incluso caminando— percibe una realidad que ya no se puede negar: el tránsito está fuera de control en muchos aspectos.
Motos sin chapa, sin luces, con caños de escape libres, conductores sin casco, jóvenes realizando maniobras peligrosas, vehículos que circulan contra flecha, adelantamientos por la derecha, cruces de semáforo en rojo o motociclistas desplazándose entre autos a gran velocidad.
En algunos casos incluso se observan maniobras extremas, como circular en una sola rueda en plena vía pública, poniendo en riesgo no sólo su propia vida, sino la de todos los demás.
Lo más preocupante es que esto no ocurre de forma aislada ni excepcional. Se repite día tras día.
Y la pregunta inevitable surge en la sociedad:
¿Dónde está el control?
Una realidad que se refleja en las estadísticas
Los datos de siniestralidad vial en Uruguay confirman que el problema no es una percepción aislada.
Según cifras de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (UNASEV):
- Cerca de la mitad de las personas fallecidas en siniestros de tránsito viajaban en moto.
- En los primeros nueve meses de 2025 se registraron 16.406 siniestros con lesionados en el país.
- Los motociclistas representan una proporción muy alta de víctimas en accidentes.
A nivel departamental, Tacuarembó aparece dentro de los departamentos con participación relevante en los siniestros del país, representando alrededor del 3% del total de accidentes con lesionados.
Pero el dato más revelador surge cuando se analiza el parque vehicular.
En Tacuarembó se estima que existen unas 35.000 motos empadronadas, y se calcula que miles circulan sin empadronar o en condiciones irregulares. Y lo vemos cada día en las calles.
Es decir: una parte importante del tránsito circula fuera del sistema formal de control.
El fenómeno de la “ciudad de las motos”
Durante las últimas décadas, muchas ciudades del interior pasaron de ser “ciudades de bicicletas” a ciudades dominadas por motocicletas.
Las razones son claras:
Bajo costo, facilidad de movilidad, consumo reducido y acceso económico.
Pero esta transformación ocurrió sin que los sistemas de control evolucionaran al mismo ritmo.
Hoy la moto se ha convertido en el vehículo más involucrado en los accidentes de tránsito del país.
Y en muchos casos, quienes conducen motos son los usuarios más vulnerables, pero también, paradójicamente, quienes con mayor frecuencia circulan en infracción.
¿Cuál es la función de la Dirección de Tránsito de una intendencia?
Las intendencias departamentales tienen responsabilidades claras en materia de tránsito: fiscalización y control, educación vial, aplicación de sanciones, ordenamiento del tránsito y prevención de siniestros.
En otras palabras, el objetivo central de los inspectores de tránsito no es simplemente multar, sino proteger la vida de los ciudadanos.
Cuando el control es débil o intermitente, lo que ocurre es previsible: El desorden se instala. Y el desorden, en tránsito, termina siempre en accidentes.
El gran dilema social: ¿a quién se controla?
Una de las críticas más frecuentes de los ciudadanos que cumplen las normas es esta: “A los que tenemos todo en regla nos paran y multan, pero a los que andan sin chapa o haciendo cualquier cosa nadie los detiene”.
Este fenómeno tiene varias explicaciones posibles:
Facilidad de fiscalización
Es más sencillo detener a un conductor que tiene matrícula, está identificado y no huye que a un motociclista que puede escapar fácilmente o no tiene documentación.
Falta de recursos
En muchas ciudades del interior los cuerpos inspectivos son pequeños para la magnitud del parque vehicular.
Controles discontinuos
Operativos que se realizan durante pocos días o semanas, pero luego desaparecen, lo que genera un fenómeno conocido como “la memoria corta del infractor”.
El riesgo real que corre toda la sociedad
El problema del tránsito descontrolado no afecta solamente a quienes conducen motos. Afecta a todos; peatones, ciclistas, conductores de autos, niños, adultos mayores…
Un motociclista que cruza un semáforo en rojo o circula a gran velocidad convierte a cualquier ciudadano en una potencial víctima. Cada uno de estos hechos, cada accidente representa una familia afectada. Una vida que cambia. O una vida que se pierde.
La cultura de la infracción
Más allá del control, existe un problema más profundo, una cultura social de tolerancia a la infracción.
Cuando la sociedad comienza a naturalizar conductas como circular sin casco, no respetar semáforos, conducir sin matrícula, hacer maniobras peligrosas, el tránsito deja de ser un sistema de reglas compartidas y pasa a ser una lucha individual por el espacio. Y en esa lucha, los más vulnerables siempre pierden.
El desafío pendiente
La seguridad vial no depende de un solo actor. Depende de tres pilares: control efectivo, educación vial y responsabilidad ciudadana.
Sin embargo, también es cierto que la autoridad debe dar señales claras. Cuando el ciudadano percibe que la infracción no tiene consecuencias, la ley pierde autoridad. Y cuando la ley pierde autoridad, el caos aparece.
“Las calles de una ciudad reflejan el grado de respeto que una comunidad tiene por la vida del otro”
Una reflexión final
Si permitimos que el desorden se instale, no estamos sólo aceptando un tránsito peligroso. Estamos aceptando vivir en una sociedad donde la ley deja de tener valor. Y eso, tarde o temprano, termina teniendo un costo. Un costo que casi siempre se mide en algo irreparable: vidas humanas.
Parte 2: El costo económico de la siniestralidad vial: una factura silenciosa para la sociedad
Cuando se habla de accidentes de tránsito, la conversación suele centrarse —con razón— en el dolor humano: vidas perdidas, familias afectadas, lesiones irreversibles. Sin embargo, desde el punto de vista económico, la siniestralidad vial también representa una de las cargas más pesadas y silenciosas para cualquier sociedad.
No es exagerado decir que el desorden en el tránsito tiene un costo económico gigantesco, que se paga entre todos: ciudadanos, empresas y Estado.
1. Costos en el sistema de salud
El primer impacto económico aparece en el sistema sanitario. Cada accidente de tránsito genera gastos en ambulancias, atención de emergencia, internación hospitalaria, cirugías, cuidados intensivos, rehabilitación prolongada entre otros.
En Uruguay, gran parte de estos costos los asume el sistema público de salud a través de ASSE. El costo total de un solo paciente grave puede equivaler al presupuesto sanitario anual de decenas de tratamientos médicos.
2. Pérdida de productividad económica
Cada persona que muere o queda con discapacidad permanente representa años de trabajo perdidos, ingresos familiares que desaparecen y menor producción económica. Esto se conoce como pérdida de capital humano.
En muchos accidentes las víctimas suelen ser personas jóvenes en edad laboral activa. Esto significa que la sociedad pierde trabajadores, emprendedores, contribuyentes y consumidores.
3. Costos para las familias
Un accidente no sólo genera gastos médicos. Las familias enfrentan además pérdida de ingresos, gastos legales, rehabilitación y adaptación de viviendas. En muchos hogares del interior, un accidente grave puede provocar una caída abrupta en la estabilidad económica familiar.
4. Costos para el sistema de seguros
En Uruguay, el SOA involucra compañías como el BSE. Cuando aumenta la siniestralidad aumentan las indemnizaciones y las primas de seguros. Toda la sociedad termina pagando más, incluso quienes nunca tuvieron un accidente.
5. Costos para el Estado y los gobiernos departamentales
Las intendencias enfrentan gastos en señalización dañada, infraestructura vial deteriorada, operativos y servicios de emergencia. Se estima que el impacto económico puede representar entre 1% y 3% del PBI.
6. Costos judiciales y administrativos
Cada accidente grave moviliza recursos del sistema judicial que podrían destinarse a otros conflictos sociales: investigaciones, peritajes, abogados y tribunales.
7. El costo invisible: el deterioro de la convivencia
Cuando el tránsito se vuelve caótico aumenta el estrés y la agresividad en la vía pública. Una ciudad donde circular es peligroso se vuelve una ciudad menos habitable.
Conclusión económica
Desde la economía pública, la siniestralidad vial es una externalidad negativa. Las decisiones irresponsables de algunos generan costos que paga toda la sociedad.
Invertir en seguridad vial no es sólo una cuestión de orden o disciplina. Es también una de las políticas económicas más inteligentes que puede adoptar una sociedad. Porque prevenir accidentes no sólo salva vidas. También ahorra millones de dólares que hoy se pierden en tragedias evitables.
Lic. Fabiana Paula