En Uruguay, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se presenta como un pilar en la asistencia a los sectores más vulnerables. Sin embargo, detrás de ese discurso solidario emerge una contradicción difícil de ignorar: la tercerización de servicios a través de ONG que hoy atraviesan una situación crítica por la falta de pagos.
Desde hace meses, el Mides no envía las partidas necesarias para cubrir salarios. Es decir, el mismo Estado que proclama garantizar derechos sociales está incumpliendo con quienes trabajan para sostenerlos. La paradoja es evidente: mientras se habla de derechos, se vulneran derechos.
Pero el problema de fondo es más profundo y menos discutido.
Existe una confusión conceptual que atraviesa gran parte del debate público: la idea de que todos los **“derechos”** son equivalentes.No lo son.
Los únicos derechos que pueden existir sin contradicción son los derechos negativos: aquellos que implican la no interferencia sobre el individuo el derecho a la vida, a la propiedad, a la libertad. Son derechos naturales, previos al Estado, y no requieren que alguien más los financie o los garantice mediante coerción.En cambio, los llamados “derechos sociales” o positivos —como el acceso a determinados servicios provistos por el Estado implican necesariamente una transferencia. Para que alguien reciba, otro debe pagar. Para que el Estado otorgue, primero debe extraer.Y ahí es donde aparece la tensión central: cada vez que se crea un “derecho” positivo, se está, en los hechos, avanzando sobre los derechos negativos de otra persona.
El caso del Mides es un ejemplo concreto de este mecanismo. Se construye un sistema de asistencia que depende de recursos que no son propios, se terceriza su ejecución y, cuando el sistema falla —como está ocurriendo—, los costos recaen sobre los individuos más expuestos: trabajadores que no cobran, organizaciones que se endeudan, familias que pierden estabilidad.## No es un accidente. Es la consecuencia lógica de un modelo que promete más de lo que puede cumplir.
Además, se configura un circuito que termina siendo funcional al propio aparato estatal. Las ONG dependen de transferencias, los trabajadores dependen de esas ONG, y el Estado se posiciona como intermediario indispensable. En ese esquema, la asistencia deja de ser una herramienta puntual para convertirse en una estructura permanente de dependencia.Incluso se produce una distorsión más grave: el Estado, que no cumple con sus obligaciones de pago, mantiene intacta su capacidad de sancionar.
Los mismos trabajadores afectados deben seguir enfrentando tarifas, impuestos y recargos. Es decir, el incumplimiento estatal no tiene consecuencias para el Estado, pero sí para el ciudadano.Esto no es solidaridad. Es asimetría de poder.
Si el Estado realmente pretendiera garantizar derechos, comenzaría por respetar los más básicos: no apropiarse del fruto del trabajo ajeno más allá de lo estrictamente necesario, cumplir sus compromisos y no trasladar su ineficiencia a terceros. Porque cuando los derechos dejan de ser límites al poder y pasan a ser promesas financiadas por otros, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios administrados.
Y en ese punto, el discurso ya no es solo inconsistente. Es insostenible.
Liliana Suárez